La vida digital avanza a ritmo sostenido en el país y eso vuelve más relevante conocer los derechos. En el primer trimestre de 2025 se registraron en promedio 8.244.620 accesos fijos y 39.275.582 accesos móviles.
Además, hubo subas interanuales de 0,9% y 3,5% respectivamente, según INDEC. Estos niveles de conectividad multiplican los beneficios y también los riesgos si no hay reglas claras ni canales de denuncia.
Protección de datos personales y privacidad
El corazón del andamiaje es la Ley 25.326 (Habeas Data), que garantiza el tratamiento lícito de la información personal y derechos como acceso, rectificación y supresión. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la autoridad de aplicación y dicta sanciones y guías para el sector público y privado.
El organismo impulsa además la actualización de la ley para adecuarla a estándares modernos. Consultar la norma en Infoleg y los recursos de la AAIP es clave para ejercer tus derechos.
Acceso, neutralidad y servicios de internet
En materia de redes, la Ley 27.078 (Argentina Digital) declara de interés público el desarrollo de las TIC y garantiza la neutralidad de las redes : los prestadores no pueden bloquear, degradar o discriminar tráfico legal.
En 2024, el Decreto 302/2024 derogó el DNU 690/2020 y reformuló el artículo 48 sobre fijación de precios, restableciendo la regla general de precios justos y razonables fijados por licenciatarios. ENACOM publica la normativa aplicable y licencias. Conocer este marco ayuda a reclamar ante aumentos, calidades de servicio y ofertas comerciales.
Ciberseguridad y firma digital: delitos informáticos y validez jurídica en trámites online
El Código Penal, tras la Ley 26.388, tipifica el acceso ilegítimo, el daño informático y la interceptación de comunicaciones. La Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad (sep. 2023) fija lineamientos de prevención y respuesta y coordina al Estado con el sector privado y la academia.
En paralelo, la UFECI reportó 34.468 denuncias en 2024, un aumento interanual del 21,1%, con fuerte presencia de fraudes en línea. Si sufrís un hecho, el portal oficial explica cómo denunciar y la UFECI recibe reportes por correo.
Para contratos, gestiones y documentos, la Ley 25.506 da validez jurídica a la firma digital y electrónica, con requisitos técnicos y de certificación. El Estado ofrece la PFDR para firmar sin token, útil para empresas y ciudadanía en trámites a distancia. Antes de usarla, consultá la guía oficial y la normativa vigente.
Conclusión
Argentina cuenta con un ecosistema legal que cubre datos personales, acceso y neutralidad de la red, ciberseguridad y firma digital. La combinación de leyes (25.326, 27.078, 26.388, 25.506), políticas públicas y organismos como AAIP, ENACOM y UFECI ofrece un paraguas de protección que vale aprovechar.
Ejercer derechos, exigir calidad de servicio y denunciar a tiempo mejora la seguridad digital de todos. Para respaldo y acciones concretas, consultá siempre fuentes oficiales como INDEC, Infoleg, Argentina.gob.ar y el MPF.